En Tucumán, el tiempo no cura. El
tiempo, en manos de la justicia, simplemente pudre la esperanza. Han pasado dos
décadas desde aquella madrugada de febrero de 2006, veinte años en los que el
nombre de Paulina Lebbos dejó de ser solo el de una estudiante de
comunicación con sueños, para transformarse en el espejo más cruel de una
provincia donde el poder político y el judicial parecen haber sellado un pacto
de sangre.
El manual de la impunidad institucional (cronología de errores y encubrimientos).
- Falsificación del hallazgo (Tapia): Cuando el cuerpo de Paulina fue encontrado el 11 de marzo de 2006, la policía montó una farsa. Se obligó a agentes a firmar actas donde decía que el hallazgo fue producto de un rastrillaje policial, cuando en realidad lo habían encontrado los hermanos Goitea, unos lugareños. Esta mentira buscaba controlar la escena para destruir pruebas.
- Destrucción sistemática de ADN: Bajo la custodia del Estado, las pruebas biológicas "desaparecieron" o se degradaron. Se denunció que la bioquímica a cargo destruyó larvas clave para determinar la fecha exacta de la muerte y permitió que pelos hallados en el cadáver se contaminaran hasta ser inútiles.
- El rol de la "Cúpula del Encubrimiento": En 2019, la justicia tucumana no tuvo más remedio que condenar a los responsables de desviar la investigación:
- Eduardo Di Lella: Exsecretario de Seguridad (condenado a 6 años).
- Hugo Sánchez: Exjefe de la Policía (condenado a 6 años).
- Luis Nicolás Barrera: Exsubjefe de la Policía.
- Héctor Rubén Brito: Exjefe de la Regional Norte.
- El Fiscal de la Impunidad: Carlos Albaca, quien tuvo la causa durante siete años, fue condenado en 2021 por paralizar la investigación deliberadamente, ocultando y haciendo desaparecer elementos probatorios que apuntaban al poder.
Tucumán ha perfeccionado una
forma de crueldad: la de otorgar justicia a cuentagotas para que, al final del
camino, el vaso siempre termine vacío. La reciente absolución de César Soto y
Sergio Kaleñuk no es un error judicial: es el resultado lógico de una
maquinaria de encubrimiento que funcionó a la perfección durante dos décadas.
¿Cómo se puede condenar a un asesino si el propio Estado se encargó de lavar la
sangre, quemar los pelos y falsificar las actas apenas el cuerpo tocó la tierra
de Tapia?
El reciente veredicto de este
mayo de 2026 no es solo una absolución técnica, es un cachetazo de realidad. La
justicia tucumana ha oficializado lo que muchos temíamos: el crimen perfecto
existe cuando los sospechosos orbitan cerca del sol del poder. Durante el
debate, vimos lo mismo de siempre: testimonios que se desvanecen, pruebas que
se pierden en la nebulosa del tiempo y una fiscalía que, en el tramo final, soltó
la mano de la acusación.
Pero no nos engañemos. Esta causa
hace mucho que dejó de ser una carpeta en un juzgado para convertirse en una
herida colectiva. Ya no es solo la lucha de un hombre contra un sistema.
Hoy, Paulina nos duele a todos. Nos duele a los padres que despedimos a
nuestros hijos cuando salen a bailar y sentimos ese frío en la nuca, sabiendo
que, si algo sucede, la policía que debería cuidarnos es la misma que —como se
probó con las condenas a la cúpula de seguridad en 2019— es capaz
de plantar pruebas, falsificar actas y mutilar la verdad en una banquina.
En el centro de este desierto
ético se erige, gigantesca, la figura de Alberto Lebbos. Un hombre que
ha gastado sus suelas y su garganta en la Plaza Independencia cada martes, sin
faltar a la cita con la memoria. Alberto no solo es el padre de Paulina; es el
fiscal de la conciencia tucumana. Hoy, cuando lo miramos, no vemos a
una víctima, vemos la reserva moral de una provincia que se niega a naturalizar
que sus hijos puedan desaparecer en el agujero negro de la impunidad. La figura
de este padre valiente enaltece lo que la política degrada: la dignidad de
no rendirse ante el "carpetazo" o el soborno. Alberto es el parangón de la dignidad frente a
una justicia "a la carta", diseñada para que los poderosos duerman
tranquilos mientras las familias de las víctimas caminan bajo el sol de la
Plaza Independencia. Su lucha nos interpela a todos: si el Estado pudo borrar
las huellas del crimen de Paulina para proteger a los suyos, ¿quién nos
asegura que no lo hará mañana con nuestros hijos?
Que el silencio de los jueces
no sea el nuestro.

