Tucumán: Donde la Justicia es un Privilegio y la Verdad un Despojo.

 

En Tucumán, el tiempo no cura. El tiempo, en manos de la justicia, simplemente pudre la esperanza. Han pasado dos décadas desde aquella madrugada de febrero de 2006, veinte años en los que el nombre de Paulina Lebbos dejó de ser solo el de una estudiante de comunicación con sueños, para transformarse en el espejo más cruel de una provincia donde el poder político y el judicial parecen haber sellado un pacto de sangre.

El manual de la impunidad institucional (cronología de errores y encubrimientos). 

• Falsificación del hallazgo (Tapia): Cuando el cuerpo de Paulina fue encontrado el 11 de marzo de 2006, la policía montó una farsa. Se obligó a agentes a firmar actas donde decía que el hallazgo fue producto de un rastrillaje policial, cuando en realidad lo habían encontrado los hermanos Goitea, unos lugareños. Esta mentira buscaba controlar la escena para destruir pruebas.
• Destrucción sistemática de ADN: Bajo la custodia del Estado, las pruebas biológicas "desaparecieron" o se degradaron. Se denunció que la bioquímica a cargo destruyó larvas clave para determinar la fecha exacta de la muerte y permitió que pelos hallados en el cadáver se contaminaran hasta ser inútiles.
• El rol de la "Cúpula del Encubrimiento": En 2019, la justicia tucumana no tuvo más remedio que condenar a los responsables de desviar la investigación:
• Eduardo Di Lella: Exsecretario de Seguridad (condenado a 6 años).
• Hugo Sánchez: Exjefe de la Policía (condenado a 6 años).
• Luis Nicolás Barrera: Exsubjefe de la Policía.
• Héctor Rubén Brito: Exjefe de la Regional Norte.
• El Fiscal de la Impunidad: Carlos Albaca, quien tuvo la causa durante siete años, fue condenado en 2021 por paralizar la investigación deliberadamente, ocultando y haciendo desaparecer elementos probatorios que apuntaban al poder. 

Tucumán ha perfeccionado una forma de crueldad: la de otorgar justicia a cuentagotas para que, al final del camino, el vaso siempre termine vacío. La reciente absolución de César Soto y Sergio Kaleñuk no es un error judicial: es el resultado lógico de una maquinaria de encubrimiento que funcionó a la perfección durante dos décadas. ¿Cómo se puede condenar a un asesino si el propio Estado se encargó de lavar la sangre, quemar los pelos y falsificar las actas apenas el cuerpo tocó la tierra de Tapia?

El reciente veredicto de este mayo de 2026 no es solo una absolución técnica, es un cachetazo de realidad. La justicia tucumana ha oficializado lo que muchos temíamos: el crimen perfecto existe cuando los sospechosos orbitan cerca del sol del poder. Durante el debate, vimos lo mismo de siempre: testimonios que se desvanecen, pruebas que se pierden en la nebulosa del tiempo y una fiscalía que, en el tramo final, soltó la mano de la acusación.

Pero no nos engañemos. Esta causa hace mucho que dejó de ser una carpeta en un juzgado para convertirse en una herida colectiva. Ya no es solo la lucha de un hombre contra un sistema. Hoy, Paulina nos duele a todos. Nos duele a los padres que despedimos a nuestros hijos cuando salen a bailar y sentimos ese frío en la nuca, sabiendo que, si algo sucede, la policía que debería cuidarnos es la misma que —como se probó con las condenas a la cúpula de seguridad en 2019— es capaz de plantar pruebas, falsificar actas y mutilar la verdad en una banquina.

En el centro de este desierto ético se erige, gigantesca, la figura de Alberto Lebbos. Un hombre que ha gastado sus suelas y su garganta en la Plaza Independencia cada martes, sin faltar a la cita con la memoria. Alberto no solo es el padre de Paulina; es el fiscal de la conciencia tucumana. Hoy, cuando lo miramos, no vemos a una víctima, vemos la reserva moral de una provincia que se niega a naturalizar que sus hijos puedan desaparecer en el agujero negro de la impunidad. La figura de este padre valiente enaltece lo que la política degrada: la dignidad de no rendirse ante el "carpetazo" o el soborno.  Alberto es el parangón de la dignidad frente a una justicia "a la carta", diseñada para que los poderosos duerman tranquilos mientras las familias de las víctimas caminan bajo el sol de la Plaza Independencia. Su lucha nos interpela a todos: si el Estado pudo borrar las huellas del crimen de Paulina para proteger a los suyos, ¿quién nos asegura que no lo hará mañana con nuestros hijos?

Lo cierto ques hoy, Paulina Lebbos sigue desapareciendo un poco más cada vez que un juez firma una absolución por el "beneficio de la duda". A los Tucumanos nos queda la memoria, nos queda el ejemplo de un padre, nos queda la bronca de saber que, en esta tierra, la verdad sigue siendo una desaparecida más.  Ya no esperamos nada de los tribunales, aprendimos con el ejemplo de Alberto. Porque si bien la justicia nos ha fallado, la memoria es un territorio que el poder todavía no ha podido alambrar. Paulina no descansa, y nosotros, mientras no haya verdad, tampoco deberíamos hacerlo.

Que el silencio de los jueces no sea el nuestro.